Marlaska ordena investigar las cargas del 11-N y el Gobierno descarta su destitución

La Vanguardia recoge el 12 de noviembre, citando a fuentes ministeriales, que la orden sobre el gas lacrimógeno se aplicará en adelante a los dispositivos de control de manifestaciones. Esta información coincide con El Mundo, que presenta la medida como una prohibición. El Español, en cambio, la describe como una petición de prescindir de ese recurso tras difundirse imágenes de manifestantes afectados por aerosoles en los ojos. Las informaciones difieren, por tanto, en cómo describen el alcance de la instrucción.

En paralelo, Fernando Grande-Marlaska ha encargado al director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo Piqueras, investigaciones específicas sobre las intervenciones durante la huelga. Según las fuentes de Interior citadas por El Español y La Vanguardia, estas pesquisas serán independientes de las inspecciones internas con las que el cuerpo examina habitualmente si sus actuaciones se ajustan a las normas.

El balance provisional de la Policía Nacional y la Guardia Civil contabilizaba 1.144 incidencias y 47 detenciones hasta las 23.00 horas del 11 de noviembre, precisa La Vanguardia. Ese recuento no incluye los datos de Cataluña y el País Vasco. El Español sitúa el total en toda España por encima del centenar de detenidos y recoge 52 detenciones en Barcelona y 20 en Madrid. Son cifras con distinto ámbito territorial, por lo que el balance de ambos cuerpos no equivale al total nacional.

Las investigaciones llegan después de las denuncias por las actuaciones policiales contra piquetes y participantes en manifestaciones. Según El Mundo, los sindicatos han anunciado que acudirán a los tribunales por lo que consideran un uso desproporcionado de la fuerza y una vulneración del derecho de manifestación. Se trata de acciones judiciales anunciadas; las pesquisas deberán esclarecer lo ocurrido en las intervenciones examinadas.

Las peticiones de dimisión o destitución del ministro proceden de Sumar, ERC, Compromís y Podemos, según El Español. El Mundo recoge también la exigencia de Frente Amplio. Las críticas de estas formaciones se centran en la responsabilidad política de Marlaska por la actuación policial. La portavoz de Podemos, Ione Belarra, ha denunciado además el empleo de gas pimienta y las identificaciones de participantes en movilizaciones que describe como pacíficas.

El Ejecutivo rechaza apartar al ministro. Su portavoz, Elma Saiz, ha defendido la apertura de las investigaciones y la labor de las fuerzas de seguridad, junto con la garantía de los derechos de huelga y manifestación. Félix Bolaños ha expresado su desacuerdo con algunas imágenes y ha señalado que corresponde a los mandos determinar si hubo un uso desproporcionado de la fuerza en actuaciones concretas, según recogen ambos medios.