La UCO pide al Tribunal de Cuentas más documentación sobre las donaciones al PSOE de 2017

El requerimiento se enmarca en una pieza separada del caso Koldo que permanece bajo secreto de sumario en la Audiencia Nacional. El Mundo, en una información de Europa Press, confirma que la Unidad Central Operativa (UCO) ha actuado por orden de Moreno, que investiga movimientos de dinero del PSOE y posibles irregularidades relacionadas con las donaciones.

Según las fuentes próximas a las pesquisas citadas por El Español, los agentes han encontrado diferencias entre los datos del Tribunal de Cuentas y los documentos que ya tenían la Guardia Civil y la Audiencia Nacional, aportados por la formación. El magistrado ha ordenado solicitar información más completa para contrastarlos. La petición se refiere a las donaciones recibidas en 2017, el año de las primarias en las que Pedro Sánchez accedió a la Secretaría General del PSOE.

La solicitud amplía una entrega de documentación anterior. ABC señala que el Tribunal de Cuentas remitió el pasado septiembre a Moreno una memoria USB con información sobre las donaciones al partido que había fiscalizado. Los agentes se han desplazado ahora a la sede del organismo en la calle Padre Damián de Madrid para requerir nuevos datos sobre los pagos al PSOE.

El Español sitúa esta actuación dentro de las pesquisas sobre el sistema que utilizaba el partido para devolver a empleados y altos cargos los gastos realizados en el desempeño de sus funciones. Se investigan supuestas irregularidades contables en esa pieza, vinculada al caso Koldo.

La UCO ha acudido también al Tribunal de Cuentas este jueves por otro asunto distinto. Tanto ABC como El Español recogen una segunda solicitud de información relacionada con un posible fraude de fondos europeos en el contrato de compra y servicio de pulseras antimaltrato adquiridas por el Ministerio de Igualdad.

Esta segunda investigación corresponde a la Fiscalía Europea, según El Español, y examina una posible malversación de fondos de la Unión Europea. El contrato afecta a dispositivos destinados a controlar el cumplimiento de medidas de protección de mujeres víctimas de violencia de género. Se trata de pesquisas diferentes de las relativas a la contabilidad del PSOE.