La retirada de 188.000 toneladas de aceite divide al campo y a los envasadores

Según informa El Mundo, la orden publicada en el BOE el 6 de noviembre obliga a las almazaras a mantener ese aceite almacenado hasta el 30 de septiembre de 2027. Cada instalación deberá reservar el 12% de su producción en depósitos propios o ajenos, sin que la norma contemple compensaciones por el coste del almacenamiento. Agricultura revisará el porcentaje a partir del 31 de diciembre.

La intervención responde a una previsión de cosecha de 1.602.596 toneladas, un 23% más que la anterior, según los datos del Ministerio recogidos por el periódico. A esa producción se añaden 357.040 toneladas que ya estaban almacenadas. El volumen conjunto supera el 120% de la media de las seis últimas campañas, el umbral previsto para activar la retirada.

Las organizaciones agrarias defienden la reserva como una forma de sostener los ingresos del olivar. Paco Elvira, responsable del olivar en COAG, explica a El Mundo que almacenar en campañas abundantes permitiría disponer de aceite cuando escasee y reducir las oscilaciones de precios. Según la Asociación Española de Municipios del Olivo, el umbral de rentabilidad ronda los cinco euros por kilo, frente a los tres euros de 2010.

Desde UPA Andalucía, su secretario general, Jesús Cózar, sitúa el precio que recibe el productor en unos tres euros por kilo y señala que la retirada no resuelve por completo las dificultades del olivar tradicional. Asaja también confía en que la medida reactive las operaciones y eleve unos precios que, según la organización, quedan por debajo de los costes en determinados tipos de olivar.

La patronal de envasadores Anierac sostiene la posición contraria. Su director, Primitivo Fernández, anuncia al periódico que recurrirán la medida por considerar que altera la oferta y la demanda y perjudica al aceite español frente al de otros países. Los exportadores, representados por Asoliva, temen que una menor disponibilidad o competitividad permita a otros productores ganar espacio en los mercados internacionales.

Para los consumidores, la cuestión es si la retirada terminará trasladándose al supermercado. Anierac advierte de esa posibilidad si suben los precios, un riesgo que también señaló la CNMC en su informe sobre la norma, según El Mundo. FACUA cuestiona que el Gobierno actúe para frenar las bajadas cuando no intervino durante los encarecimientos de 2023. El posible aumento de la botella es, por ahora, una advertencia, no una subida constatada.