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Diario de Valdemoro

España

El Supremo rechaza suspender el voto a los hijos de los nacionalizados por la «ley de nietos»

El Tribunal Supremo ha rechazado este 9 de noviembre ampliar la suspensión cautelar del voto a los hijos de quienes obtuvieron la nacionalidad española mediante la llamada «ley de nietos». La decisión permite que alrededor de 190.000 personas mantengan su derecho a participar en las elecciones generales del 29 de noviembre.

Redacción automática · Diario de Valdemoro

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(La Vanguardia · Portada)
Imagen ilustrativa: Primer plano de una urna electoral transparente con sobres en su interior sobre una mesa, en una sala de votación sin personas ni texto visible.
Imagen ilustrativa generada con IA

La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha denegado las medidas solicitadas por Iustitia Europa y Vox. El Español cifra en 189.678 los hijos mayores de edad afectados por esta petición, mientras que El Mundo, que recoge información de Efe, sitúa el colectivo en unas 190.000 personas. La resolución se refiere a quienes adquirieron la nacionalidad española por ser hijos de beneficiarios de la Ley de Memoria Democrática.

La proximidad de las elecciones ha sido uno de los argumentos del tribunal. Según los pasajes del auto recogidos por La Vanguardia, revisar ahora el voto exterior comprometería la seguridad jurídica y la estabilidad del proceso electoral. Los magistrados también señalan las dificultades para ejecutar esa revisión antes de la votación y del escrutinio, con más de la mitad del periodo electoral transcurrido.

La decisión no ha sido unánime. El Mundo informa de que uno de los seis magistrados ha emitido un voto particular favorable a suspender también el sufragio de los hijos. Otra magistrada respalda el resultado, aunque con argumentos adicionales sobre los requisitos legales y procesales de la medida cautelar, según las informaciones de El Mundo y La Vanguardia.

En una resolución separada, el Supremo mantiene la suspensión del voto para el colectivo de unos 163.000 nacionalizados que no habían acreditado el exilio de sus ascendientes. La Vanguardia precisa que el tribunal permite votar a 901 personas que sí habían presentado esa acreditación. El Mundo añade que se han rechazado las peticiones de asociaciones y particulares para reconsiderar la suspensión.

El litigio afecta a la aplicación de la Ley de Memoria Democrática de 2022 y a una instrucción posterior sobre la tramitación de la nacionalidad. Esta permitía presumir la condición de exiliado de los españoles que salieron del país entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. Iustitia Europa y Vox recurrieron la instrucción por considerar que ampliaba lo previsto en la ley.

Las crónicas difieren al fechar el antecedente de la suspensión: El Español lo sitúa el 10 de septiembre y La Vanguardia menciona una resolución del 12 de octubre. Los autos del 9 de noviembre resuelven cuestiones cautelares, no el fondo del recurso. Para los comicios del 29 de noviembre, se mantiene así la distinción entre los nacionalizados afectados por la suspensión y sus hijos, a quienes no se extiende esa restricción.

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