Proteger no es tutelar

La zarzuela nació en la región en el siglo XVII como entretenimiento de la corte y acabó convertida en una manifestación popular. Ese tránsito explica su valor mejor que cualquier solemnidad administrativa. Una cultura que salió del palacio para encontrar público no necesita volver a una vitrina. El patrimonio vivo necesita público, no reverencias. La categoría inmaterial resulta pertinente porque no se protege un edificio: se protege un género cuya continuidad depende de que se interprete, se transmita y se escuche.

El repertorio supera los 10.000 títulos y en su desarrollo han participado compositores, libretistas, músicos, cantantes y otros profesionales de la escena. Hay trabajo detrás de ese patrimonio, no solo nostalgia. Reconocer una tradición no convierte cualquier gasto en inversión. Cada eventual ayuda tendrá que justificarse por algo más que el valor cultural del género. Tampoco ese reconocimiento vuelve sospechosa la iniciativa privada: producir, programar y elegir una entrada son libertades que la protección debe respetar, no sustituir por preferencias administrativas.

La historia de la zarzuela también desautoriza la tentación de fijar una esencia intocable. Su resurgimiento en el siglo XIX incorporó la influencia de la música italiana y después la de la opereta bufa francesa. La renovación no es ajena a esta tradición: es parte de su desarrollo. Protegerla con criterios de pureza sería defenderla contra su propia trayectoria. Ni el reconocimiento administrativo ni la nostalgia otorgan derecho a decidir de antemano qué cambios son legítimos: esa discusión corresponde a los creadores y al público.

La declaración se suma a casi 4.000 bienes reconocidos en la región como Bienes de Interés Cultural o de Interés Patrimonial. Esa abundancia obliga a distinguir entre catalogar y conservar. Un sello público no llena un escenario. El mérito político no puede medirse solo por los expedientes aprobados, sino por una protección que conserve sentido fuera de ellos. El catálogo acredita una decisión administrativa, no la continuidad del género. Darla por asegurada sería ignorar que depende de la creación y de la respuesta del público.

La zarzuela merece protección, no dueño.