Autoridad en cabina, responsabilidad en el Gobierno

Dar al maquinista autoridad para detener un tren ante un riesgo es un acierto. La responsabilidad pública sigue intacta. Un Estado eficaz aprovecha el conocimiento de quienes trabajan sin descargar sobre ellos las obligaciones que le corresponden. Delegar una decisión no borra una responsabilidad. El Gobierno merece una valoración favorable por ese paso, pero los compromisos pendientes conservan todo su peso.

El Consejo de Ministros ha aprobado un decreto que refuerza las funciones inspectoras de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria y da autonomía a los maquinistas para detener un tren cuando detecten riesgos en las vías. Entrará en vigor cuando se publique en el BOE. Semaf lo considera un avance, pero reclama normas aprobadas y vigentes para los compromisos pendientes: ha trasladado al 23 de noviembre la huelga de Renfe prevista para el 12 y mantiene la del 17 en todo el sector ferroviario. El paro anterior afectó con fuerza a Cercanías y provocó aglomeraciones en otros transportes y en las carreteras de Madrid.

La cercanía al riesgo cuenta. Reconocer capacidad de actuación a quien conduce permite que su conocimiento tenga consecuencias inmediatas, en vez de quedar reducido a una advertencia sin efecto. Esa autonomía merece respaldo. La libertad profesional lleva aparejada la rendición de cuentas: admite revisar las decisiones, no imponer obediencia ciega ni consagrar la arbitrariedad. Centralizar cada respuesta sería tan equivocado como dejar sin control a quien decide.

El Gobierno conserva una obligación concreta: dar cumplimiento a lo pactado y responder por el funcionamiento del sistema. El compromiso se comprueba después. Un acuerdo abre una salida, pero su valor se mide por lo que cambia en la práctica. El refuerzo de la inspección merece apoyo porque sitúa el control más allá de la última decisión del conductor. Aprobar una norma es un paso; responder por sus resultados es una tarea que permanece.

Para quien utiliza Cercanías, esta discusión tiene una medida sencilla: poder viajar con seguridad y con un servicio fiable. Son obligaciones complementarias. Detener un tren ante un peligro protege al viajero; evitar que el sistema descanse en decisiones de emergencia protege la continuidad del servicio. La libertad de organizar la propia jornada también depende de ese resultado. El usuario merece garantías, no el papel de árbitro entre el Gobierno y el sindicato.

El decreto se juzgará por la capacidad real que dé al profesional y por el control efectivo que mantenga sobre el sistema. Ese será el examen del Gobierno. La autonomía exige responder por las propias decisiones, también en cabina. La responsabilidad política permanece en el poder.