Ayudas en Madrid: terapias infantiles previstas para 2027 y hasta 2.500 euros para responsabilidad social

La Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales ha abierto la consulta pública de la normativa que regulará las subvenciones para terapias infantiles, según informa La Razón. La previsión es destinar diez millones de euros al año y llegar a cerca de 2.500 menores con discapacidad o dependencia reconocida. Se trata de una medida en tramitación: el acceso dependerá de las condiciones que establezca la regulación definitiva.

El objetivo es dar continuidad a los tratamientos después de los seis años, edad a la que actualmente termina el servicio público de Atención Temprana. Las futuras ayudas permitirían mantener esa atención hasta los 12 años. Según la información publicada, las familias podrán acceder directamente a través de los centros especializados, sin realizar trámites administrativos, una vez que se ponga en marcha el sistema.

La Comunidad también prevé incorporar 600 plazas públicas durante 2027, de las que 200 permitirán realizar terapias en el entorno habitual del menor. Con esa ampliación, la red regional alcanzaría las 8.000 plazas e incorporaría nuevos perfiles profesionales. El despliegue de estas medidas y los requisitos definitivos determinarán su alcance entre las familias.

En el ámbito empresarial, la línea de responsabilidad social ya permite solicitar el 75% del coste de las actuaciones subvencionables, hasta un máximo de 2.500 euros, según la información de la Comunidad de Madrid recogida por Corresponsables. Cubre la obtención o renovación de certificaciones, la puesta en marcha de planes directores para conseguirlas y la participación acreditada en iniciativas, grupos o proyectos de responsabilidad social dentro de la Estrategia Madrid por el Empleo.

Pueden acceder autónomos y pequeñas empresas que desarrollen su actividad en la región y estén al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. Los profesionales deben estar dados de alta en el régimen correspondiente o en la mutualidad de su colegio profesional. Para las pequeñas empresas y sociedades civiles con personalidad jurídica se establece un máximo de 50 trabajadores, con un volumen de negocio y un balance general que no superen, cada uno, los diez millones de euros.

La solicitud permanece abierta, pero cada actuación tiene un plazo de tres meses: desde el pago de la certificación o su renovación, desde la puesta en marcha del plan director o desde la formalización de la participación efectiva en una iniciativa. La tramitación es exclusivamente electrónica y no tiene tasas administrativas. La concesión depende del presupuesto disponible.

El límite económico obliga al negocio a asumir parte del gasto: una actuación de 2.000 euros puede recibir 1.500, mientras que una de 4.000 alcanzaría como máximo 2.500. Esta línea se centra en responsabilidad social y es distinta de los antiguos incentivos para teletrabajo y flexibilidad horaria, suprimidos mediante un acuerdo de diciembre de 2025.