Ayuda al retorno de españoles: el BOE prevé 4.000 euros, pero aún no puede solicitarse

El reglamento, de 4 de noviembre, desarrolla la Ley 40/2006 y entrará en vigor veinte días después de su publicación. Sus 105 artículos, distribuidos en cinco títulos, ordenan prestaciones económicas, asistencia sanitaria, apoyo a asociaciones y participación institucional. Según los datos recogidos en el texto, la población española residente en otros países pasó de 1,47 millones de personas en 2009 a más de 3,2 millones en 2026.

La ayuda al retorno está dirigida a españoles de origen de entre 18 y 65 años que regresen en situación de vulnerabilidad. Tendrá una cuantía de referencia de 4.000 euros por persona, que podrá llegar a 7.600 euros en unidades familiares con tres o más personas a cargo. El Gobierno dispone de un plazo máximo de un año desde la entrada en vigor del real decreto para aprobar su regulación específica. Por tanto, su publicación no abre todavía la posibilidad de solicitarla. La norma contempla una atención especial a las mujeres víctimas de violencia.

Otro instrumento es el certificado de persona retornada, destinado a españoles de origen que vuelvan definitivamente. Entre los requisitos figura haber permanecido inscrito al menos doce meses en el Registro de Matrícula Consular antes de solicitar la baja. Servirá para acreditar esa condición ante las administraciones, aunque las comunidades autónomas podrán fijar requisitos propios para las ayudas de su competencia.

El acompañamiento al regreso se articulará mediante el Plan Estatal de Retorno, la Oficina Española del Retorno y una guía informativa. Se prevén orientación laboral, formación, asesoramiento para emprender y apoyo a la incorporación de familiares. También se contemplan actuaciones para facilitar la escolarización de los hijos y el reconocimiento de determinadas titulaciones y competencias profesionales.

Para quienes continúan en el extranjero, el decreto actualiza las prestaciones destinadas a españoles de origen mayores de 65 años en situación de necesidad y residentes en países con protección social insuficiente. Incluye ayudas para personas con discapacidad y ordena la asistencia sanitaria de determinados colectivos sin cobertura suficiente. Las cuantías dependerán de las circunstancias personales, familiares y del país de residencia. Algunas nuevas categorías de beneficiarios sanitarios deberán esperar un año para que les resulte aplicable esta regulación.

La norma regula además las subvenciones a asociaciones y centros españoles en el exterior. En materia de representación, establece mandatos de cuatro años para los Consejos de Residentes Españoles y vincula su composición al número de inscritos en cada demarcación consular. El Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior contará con presupuesto propio y mantendrá sus funciones consultivas.